El PSOE alerta que el estado  de la Zona Comercial Abierta de Breña Alta está dañando al comercio y propone una batería de medidas para corregir esta situación

Redaccion

Defienden que se habiliten compensaciones económicas directas para los afectados y habilitar exenciones o reducciones fiscales para el conjunto del Casco

La Zona Comercial Abierta representa un reto para la reordenación urbanística y la dotación de infraestructuras de gran calado para el municipio de Breña Alta, si bien desde el Partido Socialista han mostrado su preocupación por lo que consideran, “una falta absoluta de planificación en los trabajos que se están ejecutando en este espacio, que está repercutiendo gravemente en la economía municipal”

El portavoz del Grupo Socialista, Jorge González, hace énfasis en que “esta situación pone de manifiesto la falta de conocimiento y empatía del equipo de gobierno nacionalista con la realidad del municipio, de nuestro comercio y las necesidades que presenta, especialmente en una época tan decisiva para su actividad como es la  navideña”.

“Lamentablemente ya es tarde para esta campaña navideña. Nuestro comercio local ya ha perdido esta oportunidad por la incapacidad de gestión y falta de planificación por parte del gobierno municipal, que se traduce en palabras vacías en vez de aportar soluciones reales.”

Jorge González destaca que el PSOE está al lado de los comerciantes, pymes y autónomos de Breña Alta, por lo que presentará al Pleno de la Corporación una batería de medidas, que confía encuentre el respaldo del Gobierno de Coalición Canaria.

Algunas de las medidas que trasladarán al pleno municipal serán:

  1. Compensación Económica Directa: En algunos casos, la jurisprudencia puede permitir la compensación a los comerciantes afectados por obras públicas que impacten directamente en sus ingresos. Ampliando incluso dicha compensación a todos los comercios del Casco debido a las consecuencias indirectas que han sufrido debido a las obras.
  1. Exenciones o Reducciones Fiscales para el conjunto del Casco: Los gobiernos locales pueden ofrecer exenciones o reducciones temporales en impuestos locales o tasas municipales para los negocios afectados por las obras. Esto podría incluir reducciones en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o en la tasa de basuras, por ejemplo.
  1. Mejora de la Señalización y Accesibilidad: Asegurar que haya una señalización adecuada durante las obras para dirigir a los clientes hacia los negocios y garantizar la mejor accesibilidad posible. Esto puede incluir rutas peatonales temporales o señalización específica.
  1. Campañas de Promoción Local: Iniciar campañas de marketing y promoción para atraer clientes a la zona comercial afectada. Esto puede ser en colaboración con asociaciones de comerciantes y el gobierno local.
  1. Diálogo con las autoridades de urbanismo: Establecer un diálogo entre los comerciantes y las autoridades de urbanismo para coordinar las fases de la obra de manera que se minimice el impacto en los negocios. Esto puede incluir la reprogramación de ciertas fases de la obra o la implementación de medidas mitigadoras.
  1. Asesoramiento legal y urbanístico: Ofrecer asesoramiento legal y urbanístico gratuito o subvencionado para que los comerciantes entiendan sus derechos y opciones disponibles bajo la legislación vigente.
  1. Flexibilización de normativas locales: Temporalmente, se podría flexibilizar ciertas normativas locales para permitir, por ejemplo, más espacio para terrazas o la posibilidad de utilizar espacios abiertos para exposición de productos.

Desde el PSOE, indican que la situación en Breña Alta es un claro ejemplo de cómo proyectos de infraestructura necesarios pueden tener efectos no deseados en la economía local.
“Breña Alta demanda la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras de sus calles, que son necesarias para garantizar el equilibrio y bienestar de nuestro municipio, pero esto no puede suponer la ruina de muchos  negocios que se topan con ellas a diario, en ocasiones durante meses e incluso años por desidia o irresponsabilidad”.

En esta línea, apuntan que “los estudios previos a cada proyecto deberían ser una estupenda ocasión para evitar perjuicios innecesarios a las actividades económicas que cualquier Administración Pública debe intentar proteger”.

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